#ProcesoConstituyente: ¿participar o no?

Si bien podría parecer consistente liberar a las personas partidarias de una sociedad libre para participar o no activamente en esta fase del proceso constitucional, con todas sus imperfecciones, dudas e improvisaciones, el que los partidos de derecha se resten, dejando a sus militantes y simpatizantes sin la debida dirección política, aparece más como una táctica de elites partisanas que estarían apostando a una más favorable correlación de fuerzas en el próximo Gobierno y Congreso.

Proceso Constituyente encuentro local

El llamado proceso constitucional puesto en marcha por la actual administración desde octubre del año pasado, se ha trasformado, en sus hasta ahora dos de siete fases -educación cívica y diálogos ciudadanos-, en nuevo motivo del ya extenso panel de discordias políticas, observando un reciente clímax cuando la oposición, a través de Chile Vamos, anunciara que se restará institucionalmente del mismo, aunque dejando en libertad a sus militantes y partidos para participar individual o colectivamente y generando un cuadro de confusión respecto de su postura.

Se trata de una decisión de enmarañada coherencia, aunque las explicaciones de sus dirigentes para adoptarla han sido nuevamente la falta de confianza respecto de las intenciones subsumidas en el proceso, apuntando a la ausencia total de garantías para una participación ciudadana transparente y ecuánime, que asegure que las opiniones discrepantes se integrarán a la posterior redacción del proyecto oficial de Carta Fundamental, el que, como se sabe, tendrá como insumo Bases Ciudadanas surgidas desde cabildos -con facilitadores calificados como de dudosa imparcialidad- que se realizan en la presente fase, y que serán, luego, reunidas y redactadas por el Consejo de Observadores.

Para la oposición abstinente, restarse aparece, pues, como un acto de racionalidad política, cuyo propósito es no legitimar, con su presencia, un proceso que, además, solo ha enfatizado sistemáticamente respecto de los medios para el cambio, sin referir aún ni principios ni contenidos, en el entendido oficialista de que aquellos saldrán de la conversación en las bases, aun cuando en aquellas participe un número reducido de ciudadanos, pero que, dadas las actuales condiciones políticas, remece e intranquiliza a la oposición.

Aunque se puede coincidir en que el proceso podría verse como una “trampa”, en la medida que originalmente las Bases Ciudadanas serían redactadas por el propio Ejecutivo, razón por la que dicho aporte sería, según algunos dirigentes opositores, una “farsa”, porque el proyecto “chavista” ya estaría redactado; o porque durante la anterior etapa de “educación cívica” varias piezas de difusión adolecieron de ausencia de la necesaria neutralidad, al punto que un par de ellos no fueron visados por el Consejo de Observadores y otro fue rechazado por el CNTV por no ser “de interés público”, lo real es que el mismo ya está en marcha, sin contravenciones jurídicas, y diversos sectores de la sociedad civil e incluso de oposición, ya se han sumado.

¿Es, pues, correcta la estrategia adoptada por Chile Vamos de no participar institucionalmente en el proceso?

Sí y No.

Sí, porque no participar institucionalmente apunta a un valor que es propio de la centroderecha, especialmente liberal, en tanto el sujeto de todo derecho no es otro que la persona individual y no los colectivos, de cualquier naturaleza, a los que aquella se une libre y voluntariamente, como, por lo demás, se defendió ante el Tribunal Constitucional con motivo de la ardua discusión sobre la titularidad sindical. Y si esto es así en materia de derecho, cuanto más lo es respecto de la defensa de las ideas, principios y derechos que contempla una Carta Fundamental.

Sí, porque para la oposición es políticamente rentable instalar desde ya ciertas dudas sobre la legitimidad del proceso, especialmente respecto de los criterios jurídico-constitucionales vigentes, que permitan, en sus fases posteriores, una defensa consistente de los principios y valores contenidos en la actual institucionalidad, la que, por lo demás, tiene sus mecanismos -ampliamente sancionados en 2005- para realizar modificaciones, los que, desde el punto de vista de algunos sectores de Chile Vamos, pudieron haberse utilizado nuevamente en esta oportunidad.

Pero…

No, porque la crisis de credibilidad en los actuales representantes en el Congreso aconsejaba que cualquier cambio tan relevante como este, fuera realizado en un Parlamento con mayor legitimidad que el actual, esperando, entonces, los resultados de unas elecciones que se realizarán bajo nuevas normas electorales y de partidos políticos, lo que, se supone, validará a las nuevas o viejas caras en ese nuevo Parlamento.

Y si se confía en las propias fuerzas, lo presumible es que la oposición logre en el Congreso 2018-2022 mayorías relativas que impidan la aprobación de un proyecto de nueva constitución “chavista” o radical, cualesquiera sean las mayorías acordadas al efecto en 2017, cuando el actual Congreso vote la modificación constitucional que habilitará al próximo para discutir la nueva, así como los cuórums requeridos para tales efectos. Por de pronto, una Constitución aprobada por menos del 70% de la población terminaría siendo tan ilegítima como lo que se alega de la actual, la que, después de todo, no ha sido ni tan pétrea y se ha ido ajustando y modernizando paulatinamente, con más de 220 modificaciones, en un proceso que, empero, parece ya haber tocado fondo.

Por lo demás, según todas las encuestas, no es previsible que en un plebiscito ratificatorio el oficialismo sumado (difícilmente) a la izquierda radical, llegue a superar los dos tercios (66,66%) de las preferencias y que la derecha baje del 35%, si esta sale a defender activamente los principios de libertad, derechos y deberes que le son caros a su concepción del mundo. De allí la relevancia de la participación de los partidos, sus dirigentes y militantes de base.

No, porque, también es cierto que una mayoría ciudadana parece -según diversas encuestas- coincidir (aún de modo puramente intuitivo) en la necesidad de una nueva Constitución que refleje mejor los cambios sociales y políticos que ha vivido el país en los últimos años, por lo que, negarse a participar en los diálogos actuales, envía un mensaje reaccionario e intransigente (que no es mayoritario en la derecha), a una ciudadanía que vive el cambio como experiencia diaria, desde su movilidad laboral, hasta las permanentes permutas en el consumo de bienes y servicios. Por algo el eslogan del cambio ha dado la victoria a varios candidatos que lo han usado. De otro lado, los principios, deberes y derechos humanos que conforman la actual Carta, difícilmente podrán ser trastocados en su esencia y vigencia universal, pues reflejan un modo de vida ya afincado en la conciencia de las mayorías ciudadanas que han construido Chile en los últimos 40 años.

No, finalmente, porque el Ejecutivo, más allá de su baja popularidad actual, tiene el derecho legal de llevar adelante su programa y porque una estrategia que se resta de la discusión de propuestas del Gobierno, tiene similar efecto político al que hubiera tenido negarse a la discusión de las reformas electoral, tributaria y educacional, acercándose peligrosamente a la estrategia rupturista y revolucionaria levantada, en su momento, por la izquierda maximalista contra la participación ciudadana en el plebiscito de 1988, con los resultados por todos conocidos.

¿Pretendemos, entonces, que el Ejecutivo plebiscite dos proyectos de Constitución? ¿Qué el Parlamento discuta el proyecto del Ejecutivo y el de Chile Vamos? ¿Y si gana el del Ejecutivo, deberíamos desconocer el resultado y subir a la sierra?

Es cierto que la desconfianza reinante y los discursos incendiarios de algunos personeros del oficialismo dinamitaron muy tempranamente la puesta en marcha de un proceso que requiere de una discusión serena y reflexiva, aunque, también, limitada en el tiempo, de manera de reducir los naturales momentos de incertidumbre jurídica que un cambio como este tiene para los diferentes actores sociales y, en especial, para el tan odiado capital, del cual hay un viejo aserto que lo grafica claramente: ataca huyendo.

Pero, dadas tales desprolijidades, desconfianzas e imposiciones mayoritarias, ¿debería la oposición, como consecuencia, generar a estos efectos sus propios espacios de discusión entre similares, creando un poder de opinión alternativo y una institucionalidad paralela a la que gesta la institucionalidad administrada legalmente desde el Ejecutivo y que está abierta a todos los ciudadanos que quieran participar?

¿No es acaso función clave de los partidos, sus dirigentes y sus militantes, libre y voluntariamente asociados, generar las ideas y propuestas que dibujen el modo de vida que represente lo que cada quien quiere para sí y los suyos, buscando allegar a sus ideas a la mayoría de los ciudadanos que habitan el territorio? ¿Y si los partidos son quienes aúnan estas voluntades para defender posiciones y prioridades ciudadanas en temas apuntados como “las necesidades reales de la gente”, no serían aún más relevantes para la formación de opinión respecto de la ley que fija las normas de convivencia del Chile que queremos?

¿Es, pues, recomendable restarse a la discusión pública, una correcta estrategia para un país cuya institucionalidad ha sido ya puesta en veremos -incluida la propia Constitución- tantas veces y con tantas acciones de las propias elites (que se suponen guardianes de aquella), como el financiamiento ilegal de la política, colusiones, corrupción sacerdotal y militar, polémicas sobre el Servel, Tricel, SII y el Poder Judicial, y todavía en medio de escándalos sin resolución que la afectan en toda su extensión política, eclesial, militar, empresarial, académica, aun cuando no, por cierto, a todos sus integrantes?

Desde una visión republicana, parece que si bien Chile Vamos pudo ser consistente con su decisión de restarse institucionalmente del proceso, dando una curiosa libertad a sus militantes individual y/o colectivamente para participar, proponer, defender y fiscalizar el proceso, asistiendo a él desde sus personales ideas y convicciones, no parece favorable para pretensiones mayoritarias en las próximas elecciones el no hacer todos los esfuerzos para aprovechar el mismo proceso y difundir en la base las ideas de libertad, las que, por lo demás, están bien esbozadas en las recientes 80 propuestas del equipo de estudios constitucionales liderado por el senador Alberto Espina (RN), o en las que describiera el propio ex Presidente Piñera.

Estas ideas son intuitivamente mayoritarias en un país que, luego de más de 30 años de ejercer sus derechos y libertades, difícilmente aprobará cambios radicales en el actual modo de vivir, que no sean los referidos a disminuir las brechas de desigualdad, asegurando el acceso a la educación, salud y vejez digna, al emprendimiento creativo y la libertad de elegir, todos principios y valores propios de una centroderecha moderna y progresista.

De allí que, si bien podría parecer consistente liberar a las personas partidarias de una sociedad libre para participar o no activamente en esta fase del proceso constitucional, con todas sus imperfecciones, dudas e improvisaciones, el que los partidos de derecha se resten, dejando a sus militantes y simpatizantes sin la debida dirección política, aparece más como una táctica de elites partisanas que estarían apostando a una más favorable correlación de fuerzas en el próximo Gobierno y Congreso, para, desde esa posición, esquivar la “marea roja” del actual proceso, pero que, restándose al debate abierto, serio, reflexivo y propositivo en las bases, difícilmente se podrán enfrentar las “varazones” electorales venideras.

Link: http://goo.gl/34TJLj

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